Desde el comienzo del proceso emancipatorio en 1810, en su condición de heredera de los territorios españoles en el Atlántico Sur, la Argentina ejerció de manera permanente sus derechos sobre los archipiélagos australes allí ubicados. Desde 1767 se había producido un ejercicio continuado de la jurisdicción española a través de una sucesión de 32 gobernadores residentes en las islas, dependientes de Buenos Aires, hasta 1811 cuando España retiró la guarnición (dejando signos de posesión) en el marco de la guerra de la independencia en el Río de la Plata.

 En 1820 se produjo el primer izamiento de la bandera argentina en las Islas Malvinas, cuyo bicentenario conmemoraremos el pasado 6 de noviembre. El gobierno argentino procedió también al dictado de normas y al establecimiento de las estructuras jurídicas y administrativas que consolidaron el ejercicio pleno de su soberanía, incluyendo el fomento al desarrollo de actividades comerciales y el establecimiento de población. 

 Un hito en el proceso de consolidación del ejercicio de la soberanía argentina sobre las Islas del Atlántico Sur fue la promulgación del Decreto firmado por el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Martín Rodríguez el 10 de junio de 1829 creando la estructura de gobierno que hoy recordamos, designando al frente a D.  Luis Vernet, quien se instaló en las islas y ejerció públicamente su autoridad y jurisdicción,  y estableciendo que "Las islas Malvinas y las adyacentes al Cabo de Hornos en el mar Atlántico sería regidas por un Comandante Político y Militar nombrado inmediatamente por el Gobierno de la República".

Sin embargo, el 3 de enero de 1833 dicho ejercicio efectivo de la soberanía fue interrumpido mediante un acto de fuerza por parte del Reino Unido, que ocupó ilegalmente las islas, expulsando a las legítimas autoridades argentinas allí asentadas y a la población existente. Mediante esta usurpación, se quebró la integridad territorial de la Patria, una situación que ningún Gobierno argentino ha consentido en más de 188 años de historia.

Desde entonces, subsiste una disputa de soberanía entre la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, tal como fuera reconocido por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 2065 (XX) adoptada en 1965

En cumplimiento de la mencionada Resolución, desde 1966 y durante 16 años, ambos países llevaron a cabo negociaciones para alcanzar una solución a la disputa de soberanía. No obstante, y pese a las innumerables invitaciones de la Argentina y a la exhortación de las Naciones Unidas, el Reino Unido se niega de manera sistemática a retomar las negociaciones de soberanía.

 A su vez, la comunidad internacional ha reiterado la necesidad de reanudar las negociaciones bilaterales a la brevedad posible, lo que fue expresado en  10 resoluciones de la Asamblea General y en 38 resoluciones del Comité Especial de Descolonización de la ONU y en numerosas declaraciones de foros regionales y multilaterales tales como la OEA, el G77 más China, el MERCOSUR, la Cumbre Iberoamericana, la CELAC, el SICA, el PARLASUR, el PARLACEN, el Foro de Cooperación América del Sur-África (ASA) y la Cumbre Países Árabes - Sudamérica (ASPA).

La negativa a cumplir con la obligación de reanudar las negociaciones por la soberanía se encuentra agravada por la continua introducción de actos unilaterales por parte de Reino Unido. Estas acciones incluyen la exploración y explotación de recursos naturales renovables y no renovables -que la Argentina ha rechazado ininterrumpidamente.

Asimismo, el Reino Unido mantiene en las islas una injustificada y desproporcionada presencia militar con la que regularmente realiza maniobras y ejercicios que la Argentina ha protestado enérgicamente y que constituyen un deliberado apartamiento de los llamamientos de las numerosas resoluciones de las Naciones Unidas y de otros organismos internacionales.

Todos estos actos son contrarios a la resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y han suscitado expresiones de preocupación y rechazo por parte de la comunidad internacional. La presencia militar, en particular, contradice también la resolución 41/11 de la Asamblea General (Zona de Paz y Cooperación en el Atlántico Sur) que entre otras disposiciones, exhorta a los Estados de todas las demás regiones, en especial a los Estados militarmente importantes, a que respeten escrupulosamente la región del Atlántico Sur como zona de paz y cooperación, en particular mediante la reducción y eventual eliminación de su presencia militar en dicha región.